[OPSur] Panorama 97 [Por una política hidrocarburífera estratégica, racional y sustentable]

[Observatorio Petrolero Sur]

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* Por una política hidrocarburífera
estratégica, racional y sustentable
En reuniones llevadas a cabo el 9 y el 25 de febrero, la *Organización
Federal de Estados  roductores de Hidrocarburos* (OFEPHI), el Gobierno
Nacional y representantes sindicales, rubricaron acuerdos y fijaron nuevas
pautas de desarrollo para el sector. Entre los puntos más salientes pueden
mencionarse:

- La idea de que *el autoabastecimiento de petróleo y gas*, guiado por el
“criterio de máximo desarrollo de las cuencas, a través de métodos y
procedimientos convencionales y no convencionales”, *debe ser el principio
rector de la política de estado en la materia*, tendiente hacia la
sustitución de importaciones de hidrocarburos;

- *La exigencia a las empresas de una mayor inversión*, tanto en lo que
respecta a la producción –que debería incrementarse un 15 por ciento a
nivel nacional– como a la reposición de reservas, quedando abierta la
posibilidad de revertir inmediatamente las concesiones o permisos en
aquellos casos en los que se verifiquen procesos de desinversión o
subinversión;

- El incentivo a una *mayor participación de empresas públicas,
provinciales y nacionales*, a fin de maximizar la producción y lograr una
mayor captación de la renta;

- La intención de *controlar y ejercer un monitoreo ambiental en todas las
etapas de la industria*, y de tener mediciones más precisas y en tiempo
real de la producción de hidrocarburos;

- El *requerimiento a las empresas refinadoras de hacerse cargo de parte
del costo* de la importación de combustibles para el abastecimiento del
mercado interno, y de realizar las inversiones pertinentes para aumentar la
capacidad de refinación de las plantas existentes;

Si bien ciertos artículos del acuerdo son progresivos con respecto a una
situación verdaderamente difícil de empeorar, *resulta imperioso avanzar
hacia cambios de mayor profundidad* que permitan una administración,
explotación, y un consumo racional y sustentable del recurso, por fuera de
la lógica mercantil en la que actualmente se encuentra inscripto.

*El Estado Nacional debe recuperar un rol activo y una presencia efectiva
tanto en la gestión global de la cuestión energética, como en cada una de
las etapas de la actividad* –prospección, exploración, extracción,
industrialización y comercialización–, con el propósito de fijar objetivos
estratégicos que satisfagan las necesidades energéticas de la población, el
cuidado del ambiente, los derechos de los trabajadores, y la
autodeterminación de las comunidades actual o potencialmente afectadas por
la extracción de petróleo y gas. *Todas estas variables no pueden seguir,
como desde hace dos décadas, a merced del criterio de máxima rentabilidad
privada.*

Por lo antedicho, *la re-estatización de YPF* –así como de empresas
vinculadas: distribuidoras y comercializadoras de gas–, con la debida
participación de las provincias, los trabajadores, y los habitantes de las
regiones petroleras en su administración, *es una medida crucial para el
diseño y la implementación de una nueva política energética.* Su
factibilidad ha quedado comprobada una vez más por el debate planteado en
las últimas semanas, y el amplio consenso y apoyo activo que la ciudadanía
daría a una iniciativa de este tenor. Asimismo, el costo de la operación
–que según “analistas” no sería inferior a los US$ 16.000 millones–, no
debería determinarse sin contemplar previamente la depreciación de activos,
el saqueo y la no reposición de reservas, las sistemáticas caídas en la
producción, las ganancias récord y la remisión de utilidades al exterior,
los pasivos socioambientales, y las recurrentes violaciones a los derechos
humanos que han caracterizado a la gestión privada de la empresa.

Por otro lado, en momentos en los que se ha especulado con una reforma de
la Constitución Nacional, y sin ir en desmedro de una adecuada
participación de las provincias, *debe considerarse seriamente la necesidad
de revertir a la Nación el dominio de los recursos naturales.* La
federalización consagrada por el artículo 124, y reafirmada por el
kirchnerismo en los años 2003 y 2006 –decreto 546 y “ley corta” 26.197–, no
ha hecho más que balcanizar la explotación del recurso, favoreciendo a las
operadoras privadas al agigantar su capacidad de negociación, y a las
élites económicas y políticas provinciales que oficiaron como sus
contrapartes “bobas” en el negocio. Sólo así pueden explicarse las
prórrogas de las concesiones de los yacimientos más importantes de gas y de
petróleo del país –Loma de la Lata (Neuquén, 2000) y Cerro Dragón (Chubut,
2007)–, que constituyeron verdaderas estafas al pueblo argentino. *El
“federalismo” neoliberal vigente es absolutamente incompatible con la
fijación de metas de desarrollo nacional, y ha tenido efectos devastadores
sobre las economías regionales.*

A su vez, la irremediable finitud de los hidrocarburos, y el hecho de que
su explotación sea una de las principales causas del calentamiento global,
vuelve insostenible, antiestratégico e irracional el mantenimiento en el
largo plazo de una matriz energética dependiente en un 90 por ciento del
consumo de petróleo y gas. Lamentablemente, esta parece ser la pretensión
subyacente en el criterio “de máximo desarrollo de las cuencas, a través de
métodos y procedimientos convencionales y no convencionales”, lo cual
*agudizaría
el avance territorial de la frontera hidrocarburífera sobre regiones sin
infraestructura ni antecedentes en la materia, que albergan entramados
productivos y culturales, pautas de desarrollo y consumo, y recursos
naturales incompatibles con la radicación de la actividad.* En los últimos
cinco años, las diez provincias petroleras redoblaron su apuesta sobre
áreas secundarias y marginales, mientras que las restantes iniciaron
reformas de sus marcos legales y consultorías técnicas, licitaron bloques
de exploración, y crearon empresas públicas de energía, con el propósito de
integrarse en el mediano plazo a la carrera hidrocarburífera en ciernes.

Más allá de los cantos de sirenas de las corporaciones acerca de las
bondades del *shale gas* y el *shale oil*, lo cierto es que *las técnicas
que se utilizan para su extracción han sido fuente de numerosos casos de
contaminación y expolio de un recurso escaso como el agua.* La presión
popular y las denuncias de impactos ambientales han hecho que Francia y
Bulgaria llegaran a la prohibición de la fractura hidráulica, mientras que
en Estados Unidos, Canadá, Irlanda del Norte, Nueva Zelanda, Australia y
Sudáfrica ha sido objeto de múltiples moratorias. *Los no convencionales
son un activo adicional de especulación financiera, y prenda de negociación
de las compañías para la obtención de ingentes subsidios.*

Con respecto a las posibilidades abiertas por los descubrimientos
*offshore*en la Cuenca de Santos (Brasil), el hundimiento de la
plataforma Deepwater
Horizon en abril de 2010 y sus devastadoras consecuencias ecológicas y
sociales en el Golfo de México, nos eximen de mayores comentarios acerca de
los riesgos de la exploración y explotación de hidrocarburos en las aguas
del Mar Argentino.

*Nuestro país necesita una verdadera revolución energética.* Debemos hacer
un uso eficiente de los hidrocarburos, y la apropiación social de su renta
debe destinarse a generar las condiciones necesarias para la transición
hacia una matriz con predominio de energías renovables. Al mismo tiempo,
debe realizarse una evaluación seria del sobreconsumo de actividades
extractivas como la minería a gran escala, rubros como el transporte, y
determinados sectores sociales, que permita una redistribución del acceso a
la energía, al mismo tiempo que una reducción sustancial en su consumo.

*La política oficial hacia el sector hidrocarburífero no puede estar
desligada de un paradigma global que entienda al disfrute de la energía
como un derecho básico en una sociedad democrática*, que impone
obligaciones en el presente, y compromete a las generaciones actuales con
las futuras.

Buenos Aires, 28 de febrero de 2012.

*Observatorio Petrolero Sur* | OPSur
(+54) 11 4373 6304 | Buenos Aires, Argentina.



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