[OPSur] Ante la reglamentación de la ley de ‘Soberanía Hidrocarburífera’

[Observatorio Petrolero Sur]

*Comunicado público
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*Ante la reglamentación de la ley de ‘Soberanía Hidrocarburífera’*

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Dos largos meses pasaron desde la sanción de la *Ley de Soberanía
Hidrocarburífera* hasta su reglamentación, a través del decreto 1277/12, el
25 de julio. En ese lapso se pasó de un momento de euforia por el acto
soberano de expropiar buena parte del paquete accionario de Repsol, a la
búsqueda de nuevos socios estratégicos que aportasen capital y conocimiento
técnico para la reposición de reservas y una mayor extracción de
hidrocarburos de áreas tradicionales, así como para el desarrollo de
yacimientos no convencionales. Las estadounidenses Exxon Mobil y Chevron, y
la estatal china CNOOC, fueron las primeras interpeladas por la estrategia
oficial, pero la imposición por parte de las mismas de condiciones y
exigencias que replicaban el ‘modelo Repsol’ –libertad para liquidar
utilidades en el exterior, libre disponibilidad de los hidrocarburos, atar
la cotización interna del gas y el petróleo a los valores internacionales–
impidió cualquier tipo de asociación hasta el momento. Frustrados estos
planes, si bien se mantiene el diálogo abierto con las autoridades chinas,
el Gobierno Nacional optó por avanzar en la firma de acuerdos más
ventajosos con Bolivia y Venezuela. Lejos de continuar buscando socios
entre los grandes jugadores del sector, entendemos que debe profundizarse
este último camino con una integración regional más vigorosa que potencie
armónicamente la complementariedad productiva de nuestros países.

Si bien el exitismo en torno al potencial de los yacimientos no
convencionales -como elemento fundamental para lograr el autoabastecimiento
energético- no ha desaparecido de las declaraciones de funcionarios
nacionales, provinciales y de la dirección de YPF, éste no alcanza a
garantizar la provisión cotidiana de gas, que se refleja tanto en la
necesidad de aumentar la importación desde Bolivia, como en las obras de
ampliación de los puertos regasificadores de Bahía Blanca y Escobar, el
desaliento del consumo del GNC a través del incremento de precios y el
aumento del precio del gas en boca de pozo para seducir a las operadoras.
La vaticinada avalancha de inversiones externas no se concreta, y por ahora
el máximo logro es haber aumentado la capacidad de refinación de YPF, que
redundaría en una disminución de las importaciones de gasoil.

En este contexto, la firma del decreto 1277/12 es un avance importante en
la política sectorial hidrocarburífera. Desde 1989, la ‘libre
disponibilidad’ fue la piedra angular del saqueo que se materializó en la
exportación de hidrocarburos, a la que se sumó la desregulación de precios
y la privatización de YPF; y, finalmente, el proceso de balcanización de la
gestión y explotación del recurso a partir de la provincialización del
dominio. La reglamentación del Poder Ejecutivo –con la derogación de los
artículos 5 inc. d, 13, 14 y 15 inc. a, b y e del decreto 1055/89;
artículos 1, 6 y 9 del decreto 1212/89; y artículos 3 y 5 del decreto
1589/89– echa por tierra ese marco (des)regulatorio y sienta las bases para
una mayor planificación y gestión racional por parte de la Nación.

La nacionalización ‘de hecho’ en la gestión y regulación sectorial es una
medida progresiva y de avance efectivo que repercute en numerosas áreas de
nuestra sociedad. La creación de una herramienta central, pública y con una
potencial inserción en el control de todas las etapas de la industria es un
complemento necesario de la expropiación parcial de YPF. La planificación
de las inversiones, los precios internos, el destino de los recursos, los
niveles de extracción y refinación, subsumiendo los intereses particulares
de las operadoras privadas al interés general, debe ser la columna
vertebral de un proyecto de país soberano y justo. Hasta el momento, esta
premisa había sido dejada de lado en el sector, siendo las corporaciones
privadas las que dictaban discrecionalmente, y de acuerdo a su propio
beneficio, el destino de la energía presente y futura.

En este sentido, la apertura del escenario en los últimos tiempos es
positiva y esperamos que esta línea sea una política de Estado en los años
venideros y no de carácter coyuntural por parte de un gobierno ante un
escenario particular.

No obstante, esta creación de una herramienta de regulación pública todavía
deja varios interrogantes, que ya hemos planteado en otras oportunidades.
Por un lado, cuál será el rol del Consejo Federal de Hidrocarburos,
instancia creada por la ley de Soberanía Hidrocarburífera, que se encuentra
ausente en el decreto 1277. Las atribuciones conferidas a la Comisión de
Planificación y Coordinación Estratégica del Plan Nacional de Inversiones
Hidrocarburíferas, bajo la órbita del Poder Ejecutivo Nacional, siembran
dudas acerca de qué incidencia real tendrá el Consejo Federal de
Hidrocarburos en el diseño e implementación de políticas públicas para el
sector. De la resolución de este interrogante dependerá la participación
que tendrán las provincias en el nuevo esquema. En este punto, será
imprescindible avanzar en un régimen federal con verdadera vocación
democrática, en el que la participación comunitaria y de los trabajadores
remplace a la “comunidad de negocios” existente hasta el momento entre las
clases dirigentes provinciales y las compañías privadas.

Como se ha mencionado en otras oportunidades, el abordaje económico ha
eclipsado totalmente el debate y la implementación de políticas públicas.
La participación –tanto en el Consejo Federal de Hidrocarburos y la
Comisión de Planificación y Coordinación Estratégica del Plan Nacional de
Inversiones Hidrocarburíferas– de los organismos públicos responsables de
garantizar el derecho a un ambiente sano brillan por su ausencia. La
extracción e industrialización de hidrocarburos es una actividad
contaminante, cuyos impactos sociales, ecológicos y económicos se registran
a lo largo y ancho del país –entre otros, la violación sistemática de los
derechos colectivos ambientales del conjunto de la población y los
específicos de los Pueblos Indígenas, reconocidos en el marco jurídico
nacional e internacional.

En vista de esto, los requerimientos a los operadoras no tendrían que
limitarse a aspectos productivos y financieros sino también al apego a la
normativa ambiental específica. Asimismo, son de público conocimiento los
casos de resistencia de comunidades indígenas y campesinas que se oponen a
los programas de desarrollo hidrocarburífero, y que encontraron en los
organismos públicos (nacionales y provinciales) silencios o directamente
represión y judicialización. Para terminar con esta situación deberían
implementarse los mecanismos de consulta presentes en la legislación
indígena internacional, con el objetivo de poner fin a las asimétricas
negociaciones que se entablan entre comunidades y empresas, que en muchos
casos redundan en la fragmentación interna de las primeras por las
prácticas de reparto de dádivas llevadas a cabo por las petroleras.

El Estado no debe desentenderse de sus responsabilidades y derivar los
conflictos al ámbito privado; tampoco debe convertirse en el brazo
represivo al servicio de la ‘seguridad jurídica’ de las empresas, sino que
debe velar y respetar los territorios que no otorgan la ‘licencia social’.
Los incumplimientos y las violaciones de derechos no afectan sólo a los
directamente damnificados sino que son hechos que lesionan al conjunto de
la población y el país.

Entonces, ¿qué se espera para avanzar efectivamente en un programa de
transición energética y que garantice plenamente los derechos colectivos?
Los tiempos que vivimos no plantean únicamente el desafío de una mayor
apropiación social de la renta y control público de los recursos naturales,
sino también en una nueva práctica de armonía y de respeto en la relación a
la naturaleza. Insistimos en que la energía debe ser concebida más allá de
los límites conferidos en la actual discusión, incluyendo aspectos
ambientales, culturales y sociales en igualdad de condiciones con la
variable económica. Necesitamos continuar avanzando hacia una YPF acorde
con los tiempos que corren: de control público, federal, democrática y con
amplia participación popular y de sus trabajadores. En definitiva, una
herramienta social para una transición efectiva hacia un país justo,
soberano y sustentable.

Observatorio Petrolero Sur (OPSur)
Buenos Aires, 14 de agosto de 2012


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