[Contraeliirsa] el litio en jujuy

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La fiebre del litio
EL NUEVO METAL PRECIADO DE LA MINERIA EXTRACTIVA HACE FUROR EN EL NORTE
DEL PAIS
La fiebre del litio
La minería avanza en Jujuy y Salta en búsqueda de litio, un metal
utilizado por la industria automotriz y electrónica. Los proyectos afectan
comunidades indígenas que viven de las salinas. Los pueblos originarios ya
recurrieron a la Corte Suprema.




 Por Darío Aranda
“El oro del futuro.” Así ya se habla del litio, un metal que se emplea en
pilas y baterías de productos electrónicos y que comenzó a utilizarse como
energía en la industria automotriz, que promete un gradual reemplazo de
hidrocarburos por ese elemento, un producto “más limpio”. En Jujuy y Salta
se encuentran buena parte de las reservas mundiales. Compañías mineras ya
comenzaron a desembarcar y los gobiernos provinciales avanzan con
concesiones de exploración. Pero la fiebre del litio vulnera la
Constitución Nacional y tratados internacionales que legislan sobre el
derecho de los pueblos originarios. “Hace siglos que vivimos en las
salinas, siempre cuidando el territorio y vivimos en armonía. Ahora
descubren algo y quieren pasarnos por arriba, condenarnos. No vamos a
permitir esa injusticia”, advierte con voz pausada Clemente Flores, del
pueblo kolla, que (en un hecho sin precedentes) junto a otras 32
comunidades presentó una medida cautelar en la Corte Suprema de Justicia.
Solicitan, en base a derechos vigentes en la ley argentina, frenar toda
actividad minera en la zona, que se consulte a las comunidades y aporta
pruebas de que ya padecen males: un informe geológico demuestra la
perforación y contaminación de un acuífero, en una región donde el agua es
el bien más escaso.
“La Arabia Saudita del litio”, tituló la revista estadounidense de
finanzas Forbes al “triángulo del litio” que conforman el noroeste de
Argentina, el norte de Chile y Bolivia, y concentrarían el 85 por ciento
del litio del mundo.
En Jujuy y Salta ya desembarcó una decena de compañías mineras (de Canadá,
Australia y Estados Unidos, entre otras). Y al menos otros dos jugadores
de peso, y ajenos a la minería, ya fijaron sus ojos en la zona: las
automotrices Toyota y Mitsubishi (ambas de Japón).
El litio forma parte de las salinas, planicies blancas que suelen ser la
foto más buscada de los turistas que llegan hasta el norte del país. Y
también el lugar ancestral de vida, cultura e historia de los pueblos
kolla y atacama.
“Nuestros bisabuelos vivieron donde nosotros hoy, y nunca nos dieron los
títulos comunitarios. La minera llega y le dan todo. Contaminan y nos
quieren echar. No dejaremos que eso pase”, avisa Flores, 47 años, kolla,
siete hijos, de la comunidad aborigen El Angosto, localidad de Moreno,
respaldado por las 70 familias de la comunidad, con la misma decisión que
él. Y no están solos. Otras 32 comunidades, que reúnen a 1300 familias,
piensan y actúan de manera similar.
La minería del litio forma parte del modelo de extracción de recursos
naturales, aunque a diferencia de su prima hermana, la minería metalífera
a gran escala, no comparte la voladura de montañas ni el uso masivo de
explosivos y cianuro. Pero sí las une el aspecto más cuestionado en los
últimos años: uso monumental de agua, en una región de extrema sequía.
Del agua dependen todas las comunidades para el pastoreo y cría de ovejas,
llamas y pequeñas chacras. La presentación en la Corte Suprema remarca que
corre peligro toda la cuenca hídrica de la Laguna Guayatayoc-Salinas
Grandes, que agrupa cursos de agua de Jujuy y Salta, y de la cual dependen
las comunidades indígenas.
“La explotación de la minería y la afectación del uso del agua –con el
absoluto desconocimiento de los permisos otorgados, las cantidades
asignadas, y mucho menos el tipo de utilización y saneamiento de la misma
por parte de las empresas– en una zona árida por excelencia, repercute en
una forma especialmente dañosa para las comunidades indígenas, radicadas
desde tiempos inmemoriales en las zonas afectadas por tales
emprendimientos”, denuncia el amparo que ya está en manos de los jueces
del máximo tribunal del país.
El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) ya había dado
cuenta del riesgo. “El incremento reciente de la exploración y en algunos
casos de la explotación minera plantea una nueva alternativa de desarrollo
que lleva implícito una nueva amenaza a los recursos naturales (agua,
suelo, flora, fauna)”, advierte la investigación “Recursos Hídricos de la
Puna, valles y bolsones áridos del Noroeste argentino”, del INTA Salta.
Respecto de la minería, precisa que sus “principales problemas son la
competencia con el sector agrícola por el recurso agua, destrucción del
hábitat por la construcción de obras de infraestructura y efecto de la
contaminación a largo plazo”.
En diciembre pasado, la Coordinadora de Organizaciones Aborígenes de Jujuy
(COAJ) solicitó a los expertos en biología Jorge Gonnet y geología Aníbal
Manzur una inspección técnica en una zona de las salinas donde semanas
atrás se había realizado una prospección minera. “Consideraciones
ambientales en relación con la construcción de pozos de prospección minera
y/o hidrogeológica en la Salinas Grandes”, se llama el informe que
concluye: “Las perforaciones realizadas están generando impactos y/o
riesgos sobre los niveles salinos superficiales y acuíferos”.
“La perforación presenta surgencia permanente de aguas de baja salinidad
provenientes de acuíferos profundos (...) Tendrá notables consecuencias
sobre el sistema salino y limitará la posibilidad de extracción de sales
superficiales (...) Existe una elevada posibilidad de que se esté
favoreciendo la difusión de sales superficiales hacia acuíferos profundos
de baja salinidad.”
Rodrigo Solá, uno de los abogados que participan de la demanda, lo traduce
a lenguaje cotidiano. “Perforaron el acuífero. Y realizaron un doble mal.
Contaminaron el acuífero de donde obtenemos agua para nosotros, la cría de
animales y las huertas. Y, para peor, el agua dulce que subió a esa parte
del salar arruinó la sal, por lo cual no sirve para cortarla y luego
vender.”
En febrero de 2010 las comunidades indígenas confirmaron que había
empresas que exploran las salinas. Comenzaron a organizarse y muy rápido
se sumaron 22, todas con posesión ancestral en las salinas y zona de
influencia. Conformaron la Mesa de Pueblos Originarios de la Cuenca de
Guayatayoc y Salinas Grandes. Realizaron pedidos ante las respectivas
provincias pero no hubo respuesta. Las empresas seguían ingresando.
“Expediente C-1146/10. Amparo, medida cautelar, Benita Chaves y otro c/
provincia de Jujuy y Salta”, es el título de la causa que en noviembre de
2010 fue presentado en la Corte Suprema. Luego se sumaron otras once
comunidades.
Entre los ejes de la demanda figura la falta de “consulta previa,
información y participación” que la legislación nacional ordena en toda
acción que pudiera afectar los territorios indígenas. Recuerda que las
Salinas Grandes constituyen “un ecosistema único que se encuentra dentro
de sus propios territorios, el cual les provee de los recursos naturales
de uso común que son necesarios para su subsistencia, como el agua y la
sal que les permite la vida, el trabajo y la producción”.
Se solicita la suspensión inmediata de actividades en ejecución, y no
otorgar nuevos permisos hasta tanto se expida la Corte. También pide
aplicar la Ley 25.675 (“General del Ambiente”), que dispone que “cuando
haya peligro de daño grave o irreversible, la ausencia de información o
certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la
adopción de medidas eficaces, en función de los costos, para impedir la
degradación del medio ambiente”.
El amparo presentado en la Corte Suprema hace especial hincapié en la
violación de las leyes nacionales, desde la Constitución Nacional hasta
convenios internacionales que Argentina suscribió, que obligan a los
estados al “consentimiento libre, previo e informado” a las comunidades
indígenas respecto de cualquier actividad que pueda modificar su
territorio. Se apunta a los gobiernos de Jujuy, Salta y también el
nacional.
“No puede ni debe realizarse ningún tipo de actividad minera sin el
consentimiento libre, previo e informado de las comunidades involucradas”,
explica Solá, que desde el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (Endepa)
acompaña a las comunidades, y precisa que “el consentimiento dado por una
comunidad dentro del ámbito de la Salinas Grandes y que pudiera afectar a
otras comunidades allí asentadas no sería válido ni pertinente”. Y remarca
la vigencia del Convenio 169 de la OIT, tratado internacional que
Argentina suscribió y tiene rango supralegal, por encima del Código de
Minería y Código Civil.
Las 33 comunidades de la Mesa de Pueblos Originarios de la Cuenca de la
laguna de Guayatayoc y Salinas Grandes emitieron un comunicado donde
aseguran que la actual legislación les da la razón, pero advierten otros
caminos. “Tenemos las leyes de nuestro lado”, recuerda Flores y exhibe el
amparo. Hace un silencio, pareciera pensar el peor escenario, cierra el
puño y avisa: “Somos un pueblo tranquilo, pero nuestros abuelos y padres
nos han enseñado de lucha. Podemos marchar hasta donde se guarda el poder
político y cortar rutas. ¡Y quién sabe qué más! El territorio es todo, más
que nuestra vida.”