[Boletin-originarios nº 246] Pedido de adhesiones: Carta Abierta a la Presidenta de la Nación sobre el pueblo Qom

[Indymedia Pueblos Originarios]

  Boletín de *Indymedia Pueblos Originarios *                      Año *10 *|
Edición *246 *| Sábado *26* de *Enero *de *2013*
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*Pedido de adhesiones: Carta Abierta a la Presidenta de la Nación sobre el
pueblo Qom*


Desde la *Red** de Investigadores en Genocidio y Política Indígena en
Argentina*, junto a diferentes personas y organizaciones de la sociedad
civil (entre otros, el reconocido periodista e historiador *Osvaldo Bayer*)
elaboraron una carta abierta a a la* Presidenta** de la Nación, Cristina
Fernández*, y a funcionarios del Gobierno Nacional solicitando que
intervenga e investigue los repetidos sucesos de violencia y muertes
dudosas que se vienen dando sobre las comunidades indígenas de nuestro
país, especialmente con la comunidad qom de Chaco y Formosa.

Invitamos a todos los que estén de acuerdo con el texto y quieran y puedan,
a adherir enviado a nombre, apellido y DNI más todo lo que quieran
agregarle (oficio, pertenencia a alguna ONG, movimiento, comunidad,
organización, etc.) y lugar de residencia a gabicolombina en yahoo.com.ar.

 Adhesiones HASTA EL LUNES 28/01/2013 INCLUSIVE



*
*

*Carta Abierta a la *

*Excma. Sra. Presidente de la Nación, Dra. Cristina Fernández*

* *

*CC: Sr. Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Dr. Julio César Alak *

*        Sr. Presidente del INAI, Dr. Daniel Fernández*

* *

Ref: Represión y muerte de ciudadanos argentinos miembros del Pueblo Qom

* *

*Viernes 18 de enero de 2013 *

* *

Como es de público conocimiento, en los últimos tiempos se produjeron
diversos hechos en los que resultaron muertos miembros del Pueblo *Qom* de
las provincias de Chaco y Formosa, y que hasta hoy no han sido investigados
satisfactoriamente.

Entre ellos, pueden citarse los casos de:

* Roberto López, muerto en la represión policial del 23 de noviembre de
2010 a la comunidad *Potae Napocna Navogoh* (La Primavera), Pcia. de
Formosa.

* Mario López, dirigente pilagá de Colonia Alberdi y delegado del MoCaFor
que se dirigía al día siguiente a expresar su solidaridad con *Potae Napocna
Navogoh*, muerto tras ser atropellado por un policía.

* Alberto Galván, jornalero *Qom* perteneciente a la comunidad Paraje El
Colchón, cercana a Villa Río Bermejito, Pcia. del Chaco, asesinado a tiros
y arrojado a las pirañas el 21 de enero de 2011.

* Mártires López, dirigente de la Unión Campesina, muerto el 14 de junio de
2011 en circunstancias dudosas, luego de ser atropellado dos días antes por
un vehículo mientras circulaba en su moto por la ruta en Libertador General
San Martín, Pcia. del Chaco.

* Celestina Jara y su nieta Natalia Lila Coyipe de 11 meses, también
miembros de *Potae Napocna Navogoh*, muertas el 10 de diciembre de 2012
tras ser atropelladas por un gendarme quien no sólo no las auxilió sino que
junto con sus acompañantes golpeó a Ricardo Coyipe, dirigente Qom y esposo
de Celestina, para impedir que, aun estando malherido, les prestara ayuda.

* Imer Flores, de 12 años, miembro de la comunidad *Qompi Naqona’a* de
Villa Río Bermejito, Pcia. del Chaco, asesinado a golpes por una patota el
5 de enero de 2013.

* Daniel Asijak, 16 años, sobrino del *qarashe* Félix Díaz de La Primavera,
muerto en circunstancias dudosas mientras circulaba por la ruta en su moto,
el 9 de enero de 2013.

También resultaron víctimas de hechos violentos, siendo gravemente heridos
aunque no fallecidos, el propio Félix Díaz, atropellado el 9 de agosto de
2012 por un vehículo 4 x 4 propiedad de la familia en conflicto con su
comunidad; su hijo Abelardo Díaz a quien un grupo de matones intentó
degollar el 28 de junio de 2012; Samuel Garcete, un hombre de 48 con 9
hijos, perteneciente a la misma comunidad de Formosa, quien aún no se
repone de las graves heridas recibidas en la represión del 23/11/2010; en
los últimos días (12 de enero de 2013) se conoció un nuevo ataque a otro
joven, Gerardo Rodríguez, en el Paraje El Colchón, Villa Río Bermejito,
Pcia. del Chaco y a Omar Ávalos, de la comunidad *Potae Napocna
Navogoh*quien fue atacado por varios criollos en el pueblo Laguna
Blanca de la
Pcia. de Formosa.

Todos los fallecidos eran ciudadanos argentinos pertenecientes al Pueblo *
Qom* y han muerto en circunstancias dudosas, o asesinados. Tres de estas
personas eran niños: Natalia Lila de 11 meses, Daniel Asijak de 16 años e
Imer Flores de 12 años.

A lo anterior deben sumarse las amenazas verbales y ataques permanentes que
sufren los miembros de estas comunidades, la quema sistemática de sus
documentos y pertenencias, y otras acciones destinadas a atemorizar y a
potenciar la impunidad de los criminales. Hace tan sólo unas horas se
conoció el ataque y las amenazas sufridas por Héctor Alonso, también
miembro de *Potae Napocna Navogoh*.

En la mayoría de los casos se han visto involucrados miembros de las
agencias de seguridad estatales, que debieran salvaguardar, no amenazar, la
integridad de todos los argentinos.

Todos estos casos han sido denunciados y están o debieran estar siendo
investigados por los organismos correspondientes. Sin embargo, la reacción
de los respectivos estados provinciales y de la justicia ha sido dispar,
evidenciando lamentablemente en muchos casos llamativa indiferencia o
incluso negligencia respecto de los crímenes cometidos contra indígenas en
sus respectivos territorios.

A pesar de que existe un organismo específico, el Instituto Nacional de
Asuntos Indígenas (INAI), que debiera poder intervenir en los casos
señalados, nos encontramos ante una escalada de violencia donde se exhibe
la poca o nula capacidad de acción del Estado para arbitrar adecuadamente
estos conflictos, violencias y abuso de derechos que hoy sufren estos
Pueblos.

Sabemos que la violencia hacia el Pueblo *Qom* no es un fenómeno reciente.
Luego de las conquistas militares en la región las comunidades originarias
de las actuales provincias de Chaco y Formosa fueron confinadas en
territorios escasos y reducidos, en los cuales la violencia no se detuvo, y
que en algunos casos, además, fueron escenario de nuevas represiones y
masacres, ya no en tiempos de “conquista” sino de “paz”, vinculadas a la
extrema explotación laboral y a las alianzas entre propietarios, fuerzas
armadas y sectores políticos (por ejemplo, las llamadas masacres de Napalpí
1924, Pampa del Indio 1933-4, El Zapallar 1935, La Bomba 1947, entre muchas
otras que además de estar documentadas, son resguardadas en la historia
oral de las comunidades).

Hoy los tiempos han cambiado y los *Qom*, como otros Pueblos Originarios,
participan de muchos de los derechos de los ciudadanos argentinos, y se les
reconocen derechos específicos en su calidad de Pueblos Indígenas
(erróneamente llamados a veces minorías étnicas), como los de participación
y consulta sobre los “intereses que los afecten”. Sin embargo, y a
contramano de estos reconocimientos, las comunidades son constantemente
presionadas para que abandonen los reducidos terrenos en los que fueron
confinadas tras la conquista militar.

Y aquí es donde queremos llamar especialmente la atención de la
Presidencia, ya que se trata de un problema de extensión nacional y que se
ha venido incrementando dramáticamente en tiempos recientes: Todas las
víctimas pertenecen a una región que se ha convertido en los últimos años
en una renovada frontera de expansión económica principalmente para grandes
grupos económicos ligados a los agronegocios, el petróleo y aunque en menor
medida, el turismo. Muchas de ellas habían denunciado amenazas y abusos de
la gendarmería nacional y distintos grupos armados, tanto policiales como
parapoliciales. Los accidentes dudosos y los asesinatos han recrudecido en
los últimos tres años, período en que las denuncias hechas por integrantes
del Pueblo *Qom* se han hecho más visibles. Esto se debe a que los grupos
armados que obedecen a empresarios y terratenientes actúan con impunidad,
sin ser sometidos a investigación alguna y sin ser condenados por sus
crímenes.

En todos estos casos, además, tanto los sobrevivientes de ataques similares
como los familiares de las personas fallecidas señalan elementos de odio
racial y xenofobia como una constante en el marco de estos ataques. Obvia
decirlo, el odio racial no es un elemento aislado y propio de los
victimarios, sino que es parte, lamentablemente, de un contexto que precede
y posibilita tanto la ejecución de los crímenes como su impunidad.

La realidad de estas provincias que en estos días nos preocupa
especialmente, tiene puntos en común con la de otras partes del país. Esto
se debe a las condiciones que estructuraron las relaciones entre los
Pueblos Originarios en todo el territorio, y la sociedad no indígena. Los
Pueblos Indígenas poblaban el país originalmente y sufrieron todas las
consecuencias negativas,  durante la conquista y luego con la colonización,
que sufren aquellos que pierden las guerras territoriales. Durante el siglo
veinte perdieron los últimos rincones de sus territorios y fueron obligados
a sedentarizarse, o a vivir en colonias y reservas, en la mayoría de los
casos obligados a vender su mano de obra en los ingenios azucareros, en las
plantaciones de algodón o en las estancias de la Patagonia. En
adelante, cobraron
y cobran los peores salarios, sufrieron y sufren toda clase de injusticias,
se morían y se mueren de enfermedades evitables como la tuberculosis, la
leishmaniasis y las derivadas de la desnutrición, y han estado por décadas
completamente arrojados al capricho de las patronales y sus mediadores.

Aún desde esta realidad estructural, los Pueblos Originarios compartieron
con el resto de los argentinos muchas de sus luchas por la justicia. Hacia
la década de 1970 surgieron agrupaciones políticas formadas por militantes
indígenas, muchos de ellos integrados con partidos políticos y
organizaciones sociales y sindicales de orientación popular, que además
reivindicaban sus derechos culturales, económicos y sociales como
indígenas. La dictadura cívico-militar golpeó y desarticuló parcialmente el
movimiento indígena, que también luchaba por un mundo mejor, y varios de
sus referentes fueron detenidos, desaparecidos y/o partieron al exilio. Hoy
y desde el regreso de la democracia a nuestro país, reconocemos importantes
avances, a tono con los foros internacionales, porque los Pueblos Indígenas
resurgieron como nuevos sujetos de derechos humanos, entre los que se
encuentran, reconocidos por la Constitución de nuestro país, el derecho a
permanecer en sus territorios tradicionales con títulos legales y a
gestionar los mismos bajo sus normas y costumbres. Vale además anotar que
los Pueblos Indígenas no sólo son objeto de referencia de estos derechos
sino que su palabra, a través de sus intelectuales, dirigentes políticos y
líderes religiosos, enriquece, interpela y ayuda al resto de la ciudadanía
a construir una sociedad mejor.

Sin embargo, en el norte de la Patagonia, los grupos económicos líderes,
ligados a la explotación minera y petrolera, provocan de modo directo (por
la violencia) e indirecto (por la contaminación del medio, la desocupación
y la ruptura del entramado social) la expulsión de las familias del Pueblo *
Mapuche*, que llevan una larga lucha sin haber sido escuchadas. Más aún,
sus reclamos son sistemáticamente criminalizados, y son numerosos los
dirigentes que en los últimos años –por dar el último caso, la comunidad
Winkul Newen, cercanos a Zapala, el 28 de diciembre próximo pasado- vienen
siendo detenidos y/o procesados, cada vez que se resisten a ser desalojados
de sus campos. Es evidente que hoy, la principal respuesta que está dando
el Estado a los reclamos indígenas por la defensa de sus tierras es la
violencia y la represión, y estas comunidades, las más activas y
organizadas políticamente, las que más luchan por la vigencia de sus
derechos constitucionalmente reconocidos, pasan a vivir en peligro
permanente.

Así, la comunidad de Chuschagasta en la Pcia. de Tucumán continúa esperando
justicia por el alevoso asesinato de Javier Chocobar el 12 de octubre de
2009 a manos de un  terrateniente.

También aquellas comunidades indígenas que reclaman por sus territorios en
forma conjunta con organizaciones campesinas, como sucede con aquellas
nucleadas en el Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MOCASE) o el
Movimiento Campesino de Formosa (MOCAFOR), son hostigadas y periódicamente
sacrificadas ante el avance de la propiedad privada (el mencionado Mario
López del MOCAFOR, en 2010; y en Santiago del Estero, Sandra Juárez,
fallecida de un  paro cardíaco frente a las topadoras el 13 de marzo de
2010; Cristian Ferreyra, campesino lule-vilela de San Antonio, asesinado el
16 de noviembre de 2011 a los 23 años; y Miguel Galván, campesino
lule-vilela apuñalado en Simbol, en septiembre de 2012, estos últimos por
sicarios reconocidos).

Lamentablemente, como Ud. sabrá, la lista de casos y víctimas en los
Pueblos Indígenas es larga y no se agota en lo que aquí presentamos. Las
incursiones armadas de particulares y parapoliciales en sus territorios,
con intenciones de amedrentamiento, así como los ataques sexuales a sus
jóvenes, niñas y niños, son moneda corriente en todo el país. Por eso
apelamos a usted, para que utilice los recursos materiales y políticos de
su gobierno para frenar esta situación. Si los gobiernos provinciales no
pueden sacudir estas estructuras, debe ser el Estado nacional el que
realice el cambio necesario. Si en un país como el nuestro, poblado por
decenas de Pueblos Indígenas que son parte de la ciudadanía, se permite que
se los siga asesinando, o que aparezcan muertos en situaciones altamente
sospechosas y no se ponen todas las herramientas posibles a favor de la
verdad, queda claramente afectada la política de derechos humanos que la
mayor parte de la sociedad saluda, apoya y acompaña.

Por todo esto, si bien no ignoramos la complejidad y antigüedad de la
situación, reclamamos hoy al gobierno nacional y a los provinciales la
implementación de medidas urgentes y decididas para:

· Utilizar todos los elementos a su alcance para que se haga justicia, en
todos estos casos; incluyendo que se adopten medidas de reparación concreta
y simbólica y que se garantice el trato debidamente respetuoso hacia sus
dirigentes. La reparación debe partir del reconocimiento del genocidio
histórico cometido contra los Pueblos Originarios, cuyas consecuencias se
prolongan hasta nuestros días.

· Intervenir en la estructura sociopolítica y socioeconómica en la que se
insertan las comunidades, dado que está comprobada la relación entre la
promoción de los agronegocios, la explotación minera y petrolera, las
concesiones inmobiliarias y turísticas, etc. y el incremento de la
violencia contra los Pueblos Originarios. Frente a esto, existe legislación
suficiente que dispone la consulta previa a estos Pueblos, a través de sus
autoridades tradicionales, toda vez que se propongan planes de estas
características que afecten sus territorios. El Gobierno nacional, así como
los provinciales, tienen la responsabilidad de garantizar el cumplimiento
de la Constitución así como del Convenio 169 de OIT, entre otros acuerdos
internacionales a los que la Nación adhiere, como un paso inicial en la
evitación de la violencia económica y social.

· Intervenir en el contexto social para disminuir las acciones y discursos
racistas, especialmente en los medios de comunicación, en la formación de
las fuerzas de seguridad y en las expresiones de los representantes
políticos, pues es imperioso reemplazar las ideas de superioridad racial y
limpieza étnica que todavía perviven, por una pedagogía respetuosa de los
derechos humanos y la vida.

· Por último, es urgente y necesario que el Gobierno Nacional condene moral
y públicamente estos hechos aberrantes, para que no se repitan NUNCA MAS. Para
comenzar a revertir la violencia histórica y garantizar, en el marco de un
Estado pluricultural, una política de Derechos Humanos que asuma, en
relación con los Pueblos Indígenas, su responsabilidad en la búsqueda
permanente de verdad y justicia.



La saludamos respetuosamente,



*1)                 *Diana Lenton, DNI 17901607, antropóloga, Red de
Investigadores en Genocidio y Política Indígena, Buenos Aires.

*2)                 *Diego Escolar, DNI 18053150, antropólogo, Red de
Investigadores en Genocidio y Política Indígena, Mendoza.

*3)                 *Gabriela Nacach, DNI 22302241, antropóloga, Red de
Investigadores en Genocidio y Política Indígena, Buenos Aires.

*4)                 *Lorena Cardin, DNI  22.110.057, antropóloga,
Universidad de Buenos Aires.

*5)                 *Valeria Mapelman, DNI 21482309, documentalista, Red de
Investigadores en Genocidio y Política Indígena, Buenos Aires.

*6)                 *Luciana Mignoli, DNI 27.147.941, periodista, Red de
Investigadores en Genocidio y Política Indígena, Buenos Aires.

*7)                 *Marcelo Musante, DNI 23467808, sociólogo, Red de
Investigadores en Genocidio y Política Indígena, Buenos Aires.

*8)                 *Mariana Gómez, DNI 28170891, antropóloga, CONICET,
Buenos Aires.

*9)                 *Ana Vivaldi, DNI 25188169, antropóloga, Universidad
Columbia Británica, Vancouver, Canadá.

*10)             *Alexis Papazian, DNI 25791317, historiador, Red de
Investigadores en Genocidio y Política Indígena, Buenos Aires.

*11)             *Gerardo Raschcovsky, DNI 11154312, estudiante de
antropología, Red de Investigadores en Genocidio y Política Indígena,
Buenos Aires.

*12)             *Darío Aranda, DNI 25905483, periodista, Buenos Aires.

*13)             *Osvaldo Bayer, DNI 4031317, historiador y periodista,
Buenos Aires.

*14)             *Ramón Navarro, DNI 12646312, músico, Asambleas Ciudadanas
Riojanas, La Rioja.

*15)             *Jorge Omar Steimbach, DNI 4579198, contador, Izquierda
Socialista, Buenos Aires.

*16)             *Luis Piaggi, DNI 13235403, Red de Investigadores en
Genocidio y Política Indígena, Buenos Aires.

*17)             *Claudia Salomón Tarquini, DNI 22.676.405, Red de
Investigadores en Genocidio y Política Indígena, La Pampa.

*18)             *Luciano D'Addario, DNI 27727575, historiador, Red de
Investigadores en Genocidio y Política Indígena, Buenos Aires.

*19)             *Nilo Cayuqueo, DNI 5516237, consultor en
Desarrollo,Comisión Mapuche La Azotea, Los Toldos, Buenos Aires.

*20)             *Florencia Roulet, DNI 14015409, historiadora, Buenos
Aires, Ginebra, Suiza.

*21)             *Ramón Minieri, DNI 5511376, escritor independiente,
Departamento de Río Colorado, Río Negro.

*22)             *Armando Aligia, DNI 11632231, físico, junta interna de
ATE del Centro Atómico Bariloche, Río Negro.

*23)             *Carlos Paz, DNI 22985982, historiador, FCH-UNCPBA,
Tandil, Buenos Aires.

*24)             *José Luis Pope, DNI 13988121, periodista, Trelew, Chubut.

*25)             *María de los Ángeles Vivardo, DNI 20499490, docente y
antropóloga, GCBA, Ciudad de Buenos Aires.

*26)             *Marcelo Giraud, DNI 20112286, geógrafo, Universidad
Nacional de Cuyo, Mendoza.

*27)             *Karen Avenburg, DNI 28549080, antropóloga,
Universidad Nacional de Avellaneda, Buenos Aires.

*28)             *Mónica Padin, DNI 11220972, arquitecta, Bariloche, Río
Negro.

*29)**             *Marina Lenton, DNI 21480775, ingeniera forestal y
docente, Lago Puelo.
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